Co-Resp lanza una declaración sobre la contratación pública socialmente responsable y una nota informativa dirigida a las autoridades locales.
La «Conferencia sobre economía social CO-RESP: Contratación pública con valor añadido» fue organizada en el marco del proyecto CO-RESP financiado por la UE y celebrada en la ciudad de Gleisdorf (Austria) el 25 de abril de 2023. El evento reunió a expertos y partes interesadas para debatir sobre prácticas prometedoras en la creación de oportunidades de empleo para personas con discapacidad a través de la contratación pública.
Como resultado de esta experiencia y de los datos recopilados, el proyecto CO-RESP ha elaborado una Declaración sobre el uso de la contratación pública socialmente responsable (CPSR).
El principal objetivo de este documento es hacer un llamamiento a las autoridades locales para que aprovechen al máximo el potencial de la CPPS, tal y como se establece en la Directiva 2014/24/UE de la Unión Europea sobre contratación pública, para generar oportunidades de empleo para las personas con discapacidad en el mercado laboral abierto, promover la inclusión social y el crecimiento sostenible a nivel local.
La contratación pública es un mecanismo de gran importancia económica que representó alrededor del 14 % del PIB de la Unión Europea en 2017 y es también un medio importante para financiar y desarrollar talleres protegidos y organizaciones de economía social, que emplean a un elevado número de personas con discapacidad y apoyan su transición al mercado laboral abierto. En este contexto, su impacto económico global, unido a la inclusión de criterios sociales en el proceso de adjudicación de contratos, puede contribuir a transformar las economías locales en más sostenibles y socialmente inclusivas, estimulando la creación de oportunidades de empleo para los grupos desfavorecidos.
Los entes locales y regionales, como primera etapa de la administración política, desempeñan un papel clave en la promoción del empleo de las personas con discapacidad de acuerdo con los requisitos de la CDPD de la ONU, a saber, empleos de calidad en un mercado laboral abierto, salarios justos, igualdad de prestaciones, oportunidades de crecimiento, etc. Los poderes adjudicadores deben abandonar las consideraciones básicas de la mejor relación calidad-precio y dar prioridad a la justicia social siguiendo un modelo de contratación socialmente responsable para lograr un crecimiento sostenible, social, medioambiental y equitativo. Esto requiere la profesionalización de los administradores públicos, la planificación estratégica, la comunicación y la cooperación con la economía social y los empleadores de personas con discapacidad.
· Declaración sobre la contratación pública socialmente responsable
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